Terrorismo y organizaciones sin ánimo de lucro

Lisa Jordan, Directora Ejecutiva, 13 de agosto de 2010

 

¿Cómo pueden los gobiernos asegurarse de que las organizaciones sin ánimo de lucro de Europa no están siendo utilizadas como tapaderas para financiar el terrorismo? Este ha sido el tema de la tercera reunión de la Dirección General de Asuntos Internos de la UE sobre transparencia y responsabilidad financiera del sector sin ánimo de lucro. Al haber sido coautora de un libro sobre la responsabilidad financiera de este sector, recibí con agrado la solicitud de expresar mi opinión al respecto.

 

El tema del debate de la UE era desarrollar ‘directrices voluntarias’ para las organizaciones sin ánimo de lucro. Creo que esto será no sólo innecesario, sino además contraproducente para el sector sin ánimo de lucro y también, paradójicamente, para la lucha contra el terrorismo.

 

Me explico:

 

Para empezar, dejemos bien claro lo que estamos abordando aquí. Según mi propia experiencia con las ‘directrices voluntarias’ en los Estados Unidos, en la práctica raramente son voluntarias cuando las formulan los gobiernos, especialmente si dichos gobiernos ostentan un considerable control normativo, como el que a menudo ejercen sobre las organizaciones sin ánimo de lucro a través de la concesión del estatus de exención de impuestos. En EE. UU., la incapacidad para cumplir con las directrices voluntarias puede resultar en la congelación de todos los activos de la organización mientras los organismos reguladores gubernamentales estén revisando sus operaciones. Parece pues que ‘voluntarias’ no es el calificativo más apropiado.

 

Las directrices genuinamente voluntarias sí que pueden funcionar. En los Países Bajos, cinco mecanismos de autorregulación distintos, desarrollados por organismos federativos para sus asociados (entidades benéficas públicas o fundaciones privadas), han mejorado los estándares de gobernanza, y por tanto la responsabilidad financiera a través de todo el sector. Pero eso no es lo que debate la UE.

 

Con todo, el eufemismo de ‘voluntario’ podría tener menos trascendencia si la acción de los gobiernos fuera realmente necesaria. La reunión de la UE parte de la premisa de que esto realmente es así. ¿Por qué? Porque la UE desea mostrar severidad ante el terrorismo con la obtención de una valoración positiva del Financial Action Task Force (Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI), organismo intergubernamental que promueve políticas contra el blanqueo de capitales. Y porque el sector sin ánimo de lucro se percibe como un eslabón débil, ahora que el sector financiero está mejorando sus defensas.

 

Pero en realidad, ¿qué probabilidad hay de que las organizaciones sin ánimo de lucro sean utilizadas para financiar el terrorismo? Más bien ninguna, si damos por válidos los indicios de Inglaterra y Gales y de los Países Bajos.

 

Podría decirse que Inglaterra y Gales poseen los mejores instrumentos legales de toda la UE para abordar la responsabilidad financiera de las organizaciones sin ánimo de lucro. Tienen un mecanismo regulador y de registro exhaustivo e independiente para todas las entidades benéficas: la Charity Commission. David Walker, su director de Alcance y Desarrollo, Conformidad y Apoyo, explicó en la reunión de la UE que tan sólo reciben unos cuantos casos al año en los que se les requiere que investiguen actividades cuestionables.

 

En 2009, sólo cuatro de un total de once casos resultaron en acusaciones de actividades ilícitas, ninguna de ellas relacionada con el terrorismo. Cuatro, de un total de 190.000 organizaciones sin ánimo de lucro registradas y 100.000 no registradas en Inglaterra y Gales. Por tanto, la posibilidad de que una organización sin ánimo de lucro financie actividades terroristas parece, de hecho, muy remota.

 

Lo mismo parece ser el caso en los Países Bajos. ‘Buenas Intenciones’, un informe encargado por el Ministerio de Justicia en 2007, calificó la situación del sector sin ánimo de lucro “en riesgo” debido a la falta de control gubernamental, en concreto sobre las fundaciones (como la Fundación Van Leer Group) y los grupos religiosos. Pero no halló indicios de actividad delictiva grave en el sector, ni tampoco la influencia del terrorismo.

 

Esto sugiere que la premisa es, sencillamente, errónea, razón por la que creo que no es necesario reproducir el esquema de las ‘directrices voluntarias’ de EE. UU. Pero también he dicho que esas directrices son potencialmente contraproducentes para la lucha contra el terrorismo. ¿Y por qué es así?

 

En EE. UU., he visto cómo las denominadas directrices voluntarias han dado como resultado que muchas organizaciones filantrópicas de menor tamaño reduzcan la concesión de ayudas al exterior porque no tienen la capacidad de cumplirlas. En la reunión de la UE, un representante sueco relacionó esta observación con la lucha contra el terrorismo: en parte, el Gobierno sueco depende de la sociedad civil del país para fortalecer la democracia, la solidaridad entre las culturas, y abordar la desigualdad que con frecuencia se halla en el origen de la alienación y el radicalismo; en suma, para combatir las circunstancias que pueden subyacer tras el terrorismo.

 

El Gobierno neerlandés espera también que el sector sin ánimo de lucro desempeñe un papel en la lucha contra el terrorismo. Las subvenciones que asigna a las organizaciones sin ánimo de lucro y que se destinan a la cooperación al desarrollo requieren centrarse en Estados muy pobres, sumidos en escenarios posteriores a conflictos, generalmente con sociedades civiles débiles y que suelen considerarse semilleros de actividades terroristas, como por ejemplo Yemen, Sudán y Afganistán. El 60% de las subvenciones se habrá destinado a este tipo de Estados para el año 2015.

 

En otras palabras, el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés está dando el dinero del contribuyente a organizaciones neerlandesas sin ánimo de lucro para que combatan el terrorismo: exactamente las mismas organizaciones que el Ministerio de Justicia neerlandés considera ‘en riesgo’ de promover el terrorismo, debido a la falta de supervisión de… el propio Gobierno neerlandés.

 

¿Le cuesta entenderlo? No le pasa sólo a usted.

 

Dado el interés por mejorar la valoración del GAFI para los Países Bajos, parece probable que el Ministerio de Justicia neerlandés aborde esta situación comprometida imponiendo las adicionales normas ‘voluntarias’, tal y como sugiere la UE. La experiencia de EE. UU. sugiere que esto incrementaría los gastos de explotación y, en general, disuadiría a las fundaciones privadas de implicarse internacionalmente en esos mismos lugares donde la sociedad civil más lo necesita y donde pueden desempeñar un papel único para combatir las causas originarias del terrorismo.

 

¿Cuál es mi alternativa al plan de la UE, abocado al fracaso? Es una alternativa doble. En primer lugar, aprender la lección extraída de Inglaterra y Gales. El modelo de una comisión independiente y exhaustiva parece proporcionar una gobernanza interior apropiada para el sector sin ánimo de lucro, mucho más adecuada que la supervisión directa del Ministerio de Justicia, y consigue mantener bajo control al puñado de organizaciones engañosas que surgen de tanto en tanto.

Y en segundo lugar, aprender la lección extraída de Suecia. Suecia no posee una ley específica para las organizaciones sin ánimo de lucro, ni directrices pseudovoluntarias. La actividad delictiva se aborda a través del derecho penal, y no se señala injustamente a ningún sector como en situación de mayor riesgo entre los demás.

 

Sencillamente, no necesitamos las directrices propuestas por la UE para investigar el puñado de organizaciones sin ánimo de lucro que podrían ser cauces de financiación para el terrorismo. Después de todo, ¿no es esa la labor del derecho penal?